El incidente de suspensión del acto administrartivo en la vía judicial

Esta obra obtuvo el Premio Alberto Brenes Córdoba de 1982 del Colegio de Abogados

La consolidación del Derecho Público Interno Costarricense ha sido obra de los juristas nacionales más que de decisiones político-legislativas. Con la promulgación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa N° 3667 del 12 de marzo de 1966, se abrió un nuevo derrotero para la consolidación de nuestro Estado de Derecho al establecerse mayores garantías procesales al particular frente al Estado, específicamente la posibilidad jurídica de anular los actos y disposiciones contrarios al ordenamiento jurídico. El legislador fue más allá del simple control jurisdiccional de anulación y pleno contencioso, al establecer la posibilidad de evitarle al particular daños y perjuicios graves con motivo de actos ilegítimos dictados por la Administración Pública